Un juez penal de conocimiento de Medellín encontró pruebas suficientes de que el cantante de vallenato interpretó canciones de Los Inquietos sin permiso

 

La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas sólidas durante el juicio contra Velásquez – crédito Colprensa

En la tarde del miércoles 28 de agosto de 2024, se confirmó que un juez penal de conocimiento de Medellín condenó al artista de música vallenata Nelson Aníbal Velásquez Díaz a cuatro años de prisión por el delito de violación a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos.

Así se conoció a través de un comunicado de la Fiscalía General de la Nación en el que explicó que la decisión del juez se basó en una detallada investigación llevada a cabo entre 2012 y 2018, la cual demostró que Velásquez interpretó, como solista y sin la debida autorización, varias canciones de la agrupación musical Los Inquietos, de la que Velásquez hizo parte.

Durante el juicio, se presentaron pruebas y argumentos sólidos por parte de la Fiscalía General de la Nación de que Nelson Velásquez interpretó sin autorización numerosas canciones de Los Inquietos entre 2012 y 2018, cuando el artista ya no formaba parte del grupo original.

El fallo de primera instancia no solo dictaminó la pena de prisión de cuatro años, sino que también impuso a Velásquez una multa significativa equivalente a 26 salarios mínimos legales mensuales vigentes, lo cual se traduce en algo más de 20.800.000 pesos. A pesar de la severidad de la condena, el juez decidió conceder la suspensión condicional de la pena.

El período de prueba establecido por el juez es de 48 meses en los que se le permitirá a Velásquez Díaz cumplir con ciertas condiciones especiales previas al pago de una caución equivalente a un salario mínimo legal mensual vigente, dado que, según explicó la Fiscalía, esta decisión se tomó bajo la premisa de garantizar un cumplimiento adecuado y la reparación del daño causado.

Es menester acotar que, contra esta decisión, proceden los recursos de ley, por lo que Nelson Velásquez y su equipo legal pueden apelar la sentencia y buscar una revisión del fallo.

Qué es la violación de derechos

En Colombia, la violación de derechos de autor es un delito tipificado en el Código Penal que busca proteger las creaciones intelectuales de autores y titulares de derechos.

Esta falta abarca desde la reproducción, distribución y comercialización no autorizada de obras literarias, artísticas, científicas, hasta programas de software, entre otros, por lo que, según el artículo 270 del Código Penal, la persona que incurra en esta conducta puede enfrentarse a penas privativas de libertad y multas considerables.

Las penas para quienes cometan violación de derechos de autor en Colombia pueden oscilar entre cuatro y ocho años de prisión, además, la ley contempla sanciones económicas que van desde los 26,66 hasta los 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Estas penas pueden agravarse si el delito se comete de manera reiterada, en concierto para delinquir o si afecta considerablemente los intereses patrimoniales del titular de los derechos.

El juez concedió la suspensión condicional de la pena, estableciendo un período de prueba de 48 meses – crédito @nelsonvelasquezd/Instagram

Las consecuencias legales de este delito no se limitan a las sanciones penales, dado que los infractores también pueden enfrentar procesos civiles, en los que el titular de los derechos violados puede exigir una indemnización por daños y perjuicios que incluyen el lucro cesante y el daño emergente que hayan sufrido debido a la explotación no autorizada de sus obras.

Además, la violación de derechos de autor puede tener implicaciones reputacionales para las personas o empresas involucradas, afectando su imagen pública y credibilidad en el mercado.

En casos más graves, las empresas pueden enfrentar la pérdida de licencias, concesiones o contratos.

El Gobierno colombiano, en colaboración con entidades internacionales, ha implementado medidas para combatir este delito, incluyendo la educación sobre derechos de autor, la vigilancia en el ámbito digital y la cooperación judicial para garantizar que los infractores sean debidamente sancionados, protegiendo así los derechos de los creadores y fomentando un entorno respetuoso de la propiedad intelectual en el país.