La cantante colombiana afirma en una carta publicada el miércoles que Hacienda manipuló su residencia fiscal y estaba más interesada en el espectáculo mediático que en garantizar un proceso justo

La cantante colombiana Shakira ha publicado una extensa y contundente carta en la que ofrece su versión de los hechos respecto a la batalla legal que ha mantenido con la Agencia Tributaria española en los últimos años. La artista acusa al organismo de manipular su residencia fiscal, de haber actuado con “prejuicios sexistas subyacentes” y de haber intentado “quemarla públicamente en la hoguera” al estar más interesados en el espectáculo mediático que en escuchar sus argumentos, según indica en la misiva publicada este miércoles por el diario español El Mundo.

En 2023, Shakira sorprendió al admitir un delito fiscal relacionado con su residencia en España entre 2012 y 2014, lo que la llevó a pagar una multa de más de 7 millones de euros (7,75 millones de dólares). Sin embargo, en su carta, la cantante insiste en que asumió esa responsabilidad “no por cobardía ni por culpabilidad”, sino para proteger a sus hijos y evitarles el sufrimiento de un proceso judicial prolongado bajo el escrutinio mediático. Los abogados de la cantante alegaron en el juicio que su cliente había sido residente fiscal en Bahamas —que este año perdió su estatus de paraíso fiscal— desde 2004, algo que la Fiscalía refutó, afirmando que ya estaba establecida en España desde 2011.

Shakira comienza su relato recordando cómo en 2023 vivía bajo una intensa presión mediática, con cámaras siguiéndola a cada paso, ansiosas por captar cualquier señal de debilidad o colapso personal. Explica que el juicio mediático en torno a su divorcio del entonces futbolista del Barcelona Gerard Piqué y las acusaciones fiscales fue un espectáculo demasiado tentador para la prensa y para algunas instituciones estatales, que parecían más interesadas en exponerla públicamente que en garantizar un proceso justo. En este sentido, la cantante afirma que la Agencia Tributaria confundió y manipuló intencionadamente los hechos, creando una narrativa que la presentaba como una ciudadana que intentaba evadir sus responsabilidades fiscales.

Uno de los puntos centrales de la carta es la crítica de Shakira al enfoque de la Agencia Tributaria, que según ella mezcló intencionadamente su deseo de mantener una relación con Piqué, quien residía en España por motivos laborales, con una supuesta “vocación de permanencia” en el país. Según la cantante, sus visitas a España en esos años no implicaban una intención de establecerse permanentemente, sino que estaban motivadas por su relación sentimental, y subraya que esto generó “muchas complicaciones” en su carrera profesional. “Desde el principio supe que la historia fabricada por la Agencia Tributaria confundía y manipulaba dos intenciones completamente diferentes: una era el deseo de establecerse en un país, y la otra, muy distinta, era el deseo de que una relación floreciera en ese país. Confundieron ambas para convertirme en residente fiscal desde 2011 y crear obligaciones que no existían”, explica.

En 2018, la agencia acusó a la cantante de evasión fiscal, considerando que entre 2012 y 2014 había residido en España y, por tanto, debía haber pagado impuestos en el país sobre la mayor parte de sus ingresos generados en todo el mundo. Hacienda alegó que durante esos cuatro años debería haber pagado el impuesto sobre la renta de las personas físicas, lo que resultó en una acusación de fraude por un importe de 14,5 millones de euros (16,07 millones de dólares). Shakira aceptó una multa de 7,3 millones de euros (8,09 millones de dólares) y evitó así la prisión.

La cantante también denuncia lo que considera un trato desigual y excesivo por parte de la Agencia Tributaria, que según ella ha insistido en presentar “trofeos de caza” para recuperar su credibilidad. Relata cómo, a pesar de haber cumplido con sus obligaciones fiscales en otros países, sus finanzas fueron minuciosamente examinadas por la Agencia Tributaria española, a pesar de estar “aprobadas por otros países de la Unión Europea, y en todo ese tiempo, nunca encontraron ni el más mínimo indicio de ilegalidad”. A pesar de ello, recuerda, un alto funcionario de la Agencia Tributaria la criminalizó públicamente antes de que el juicio comenzara, un acto que Shakira considera una clara violación de su derecho a la presunción de inocencia.

En su opinión, si en lugar de ella hubiera sido un hombre estadounidense quien hubiera viajado a España por razones similares, las autoridades no habrían asumido que estaba buscando establecerse en el país. Para Shakira, este enfoque revela que “en sectores de la burocracia estatal persiste un sexismo en una sociedad que —afortunadamente— hoy piensa de manera muy diferente”.

Shakira no solo se defiende en su carta, sino que también reflexiona sobre el impacto personal y financiero que este proceso ha tenido en su vida. Afirma que su “década española”, que coincidió con su relación con Piqué, fue una “década perdida financieramente”. A pesar de haber ofrecido 120 conciertos en 90 ciudades de todo el mundo, afirma que todos los ingresos generados durante ese período fueron absorbidos por el Estado español. La artista considera que el acuerdo que firmó en 2023 fue una decisión difícil, pero necesaria para proteger a sus hijos y permitirles continuar con sus vidas sin el constante peso de las acusaciones sobre sus hombros. Para Shakira, este acuerdo no implicaba una aceptación de culpabilidad, sino una medida para salvaguardar el bienestar de su familia.