El alto tribunal consideró que el actuar de los congresistas no violó el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la Constitución Política

El miércoles 26 de junio, el Consejo de Estado resolvió una demanda de pérdida de investidura contra los diez congresistas que donaron a la famosa “vaca” promovida el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para finalizar las vías 4G del departamento.

El alto tribunal negó el recurso interpuesto por el abogado Carlos Mario Patiño, en el que argumentaba que los legisladores habrían violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la Constitución Política al hacer donaciones al proyecto.

El abogado denunció que la transferencia de dinero realizada por los miembros del Congreso de la República, constituye un contrato con una entidad pública, lo cual alegó, va en contra de la ley. “No podrán decir que lo hicieron sin culpa porque, de cualquier forma, tienen las condiciones para saber si había una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, como me parece a mí que la hay”, señaló en ese entonces el demandante en entrevista con Semana.

Su argumento lo basó en el artículo 180, numeral 2 de la Constitución Política, que menciona las acciones relacionadas con la gestión de asuntos ante entidades públicas, la representación ante ellas y la celebración de contratos, con las excepciones legales pertinentes.

Sin embargo, el Consejo de Estado falló a favor de los senadores Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Felipe Guerra, Paola Holguín Moreno, María Fernanda Cabal; y a los representantes Juan Fernando Espinal, Hernán Darío Cadavid, John Jairo Berrio y Julián Peinado; quienes fueron elegidos para periodo constitucional 2022-2026 y mantendrán sus curules.

El alto tribunal, con ponencia del magistrado César Palomino, determinó que en el procedimiento evaluado no se materializó un contrato debido a la falta de consentimiento expreso por parte de los legisladores.

Adicionalmente, la corporación judicial indicó no se encontró evidencia sobre la intervención de los congresistas involucrados en el contrato: “No se evidenció que (…) intervinieran directa o indirectamente en la celebración del contrato, ni que actuaran en beneficio propio o de terceros”, determinó el Consejo de Estado.

La decisión también incluyó otra advertencia importante y es que no se probó que los legisladores utilizaran la popularmente conocida “vaca” en su propio beneficio. Las conclusiones del tribunal explican que “el aporte iba encaminado a la financiación de obras cuyo beneficiario es la comunidad, no se probó que se afectara el bien jurídico que la prohibición pretende tutelar, cual es el interés general”.

Cabe recordar que, el proceso judicial por estos hechos inició el 22 de mayo de 2024, con la recolección de pruebas testimoniales respecto al manejo de los dineros recaudados en la “vaca” por las vías 4G de Antioquia. Óscar Marín, subsecretario de Hacienda de la Gobernación, señaló que los fondos provenientes de la iniciativa no fueron transferidos a una fiducia, sino a una cuenta de depósito.

“No se ha aceptado la donación a absolutamente a nadie de los 15.000 ciudadanos que han aportado hasta ahora, porque estamos en este análisis y no se ha incorporado recurso alguno al presupuesto departamental. Cualquiera puede retractarse y pedir devolución”, sostuvo Marín en su momento.

El funcionario también aseguró que, dado que el dinero permanece en el banco esperando el resultado de la revisión, los ciudadanos pueden solicitar la devolución de sus aportaciones si así lo desean.

El subsecretario reafirmó que la administración seguirá observando todos los procedimientos necesarios antes de tomar cualquier acción con los fondos recaudados, asegurando que todos los casos serán revisados individualmente para resolver cualquier petición de devolución en el menor tiempo posible. “Estamos comprometidos con la transparencia y la responsabilidad en el manejo de estos recursos”, concluyó.