Este 19 de junio se definirá si la donación de congresistas a las vías 4G en Antioquia implicó una acción que lleve a inhabilitarlos y retirarles su curul

Desde las 9 de la mañana del miércoles 19 de junio, el Consejo de Estado llevará a cabo la audiencia pública de pérdida de investidura contra los diez congresistas que donaron a la famosa “vaca” promovida el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, para finalizar las vías 4G del departamento.

El proceso comenzó el 22 de mayo con la audiencia de pruebas. En esa cita, el subsecretario de Hacienda de la Gobernación, Óscar Marín, indicó que los dineros recaudados en la “vaca” no fueron a una fiducia, sino a una cuenta de depósito.

De hecho, el funcionario de la Gobernación indicó en esa citación que, como los recursos se encuentran en el banco y no han sido incorporados al departamento ni a ningún contrato, aún no se habría incurrido en ninguna acción irregular.

“No se ha aceptado la donación a absolutamente a nadie de los 15.000 ciudadanos que han aportado hasta ahora, porque estamos en este análisis y no se ha incorporado recurso alguno al presupuesto departamental. Cualquiera puede retractarse y pedir devolución”, sostuvo Marín.

Este caso implica a los senadores Miguel Uribe Turbay, Paloma Valencia, Esteban Quintero, Andrés Felipe Guerra, Paola Holguín Moreno, María Fernanda Cabal; y a los representantes Juan Fernando Espinal, Hernán Darío Cadavid, John Jairo Berrio y Julián Peinado. Todos, a excepción de Peinado, son integrantes del partido Centro Democrático, mientras que el último mencionado es del Partido Liberal.

Lo que alega la demanda contra los congresistas

Ahora, se llevará a cabo una sesión de alegatos de conclusión, en la que intervendrán el Ministerio Público, el demandante y los demandados, como antesala a la decisión del Consejo de Estado sobre si deben perder sus curules en el Senado y la Cámara, conforme al régimen de inhabilidades. Carlos Mario Patiño, abogado demandante, calificó esta jornada como la fecha culmen del proceso.

La demanda, presentada por Patiño, alega que estos congresistas habrían violado el régimen de inhabilidades e incompatibilidades establecido en la Constitución Política al realizar dichas donaciones.

Patiño sostiene que esa transferencia de dinero, realizada por los congresistas, constituye un contrato con una entidad pública, lo que contradice el régimen. Lo anterior se sostiene en que el decreto de la Gobernación de Antioquia para reglamentar la “vaca” establece que esas donaciones son contratos estatales.

“No podrán decir que lo hicieron sin culpa porque, de cualquier forma, tienen las condiciones para saber si había una violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, como me parece a mí que la hay”, señaló el abogado demandante en entrevista con Semana.

Esto responde la defensa, que busca evitar la pérdida de investidura

Por su parte, Jaime Andrés López Gutiérrez, abogado del congresista Julián Peinado, expresó su confianza en una resolución favorable.

“Estamos preparados para asistir a la audiencia pública. Esta demanda se radicó por el aporte que realizaron. Hemos hecho una defensa importante, estamos convencidos de que el Ministerio Público traerá una sentencia a favor de los honorables congresistas. Confiamos en la justicia y estamos seguros de que con el aporte que ellos hicieron no celebraron ningún contrato, por ende, no hubo causal de pérdida de investidura”, concluyó.

A finales de abril, la defensa de los senadores Andrés Guerra, Esteban Quintero y el representante Jhon Jairo Berrío argumentó que no hay pruebas que demuestren la existencia de algún “aporte voluntario que provenga de sus peculios”. No obstante, ellos mismos habrían publicado en sus redes sociales las donaciones que hicieron a la “vaca” por las 4G.

Johana Echeverry, asesora de Peinado indicó el pasado 22 de mayo que “la donación se aplica como una excepción a los contratos estatales (…) la donación no le va a acarrear ninguna dificultad ni es una incompatibilidad y puede proceder a realizarla”, señaló.

En el auto de citación del Concejo de Estado se declaró concluida la etapa probatoria y se rechazaron las solicitudes adicionales que habían hecho abogados defensores de los congresistas. Ahora solo falta que se conozca la decisión que definirá si esos diez congresistas pierden su curul.